Laboral

Tres de las nueve enfermeras del CRE de León renuncian a su contrato

Las tres enfermeras que renuncian a su contrato lo hacen por la grave situación laboral que sufren en Centro de Referencia Estatal, como ha denunciado SATSE León.
Sede de SATSE León

Sede de SATSE León

SATSE León ya pidió hace unas semanas al subdelegado del Gobierno de España en la provincia, Faustino Sánchez Samartino, la apertura de un expediente informativo contra la directora del CRE (Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia) por las decisiones “arbitrarias” de la directora, que afectan a la atención que reciben los residentes.

Además, el Sindicato y el Colegio de Enfermería pidieron al Procurador del Común de Castilla y León que abriera un expediente informativo al respecto.

Pero, lejos de solucionarse la situación, esta ha empeorado en las últimas semanas por la renuncia de cuatro de las nueve enfermeras del centro situado en San Andrés del Rabanedo, ya que, además, de las seis enfermeras que quedan en él, una tiene una reducción de jornada y otra cuenta con una liberación. Esto provoca que haya muchos turnos de enfermería que se queden descubiertos, aún a costa de la renuncia de días de descanso y de sus vacaciones.

Falta de enfermeras

Asimismo, SATSE León denuncia que, ante la falta de enfermeras suficientes para cubrir la asistencia, la Dirección del CRE está rechazando las vacaciones de las enfermeras, concediéndoles solo días sueltos.

Esto se produce, además, cuando en el ECYL hay profesionales enfermeras y enfermeros disponibles que podrían trabajar en el CRE, pero la Dirección no ha ofertado contratos para cubrir los puestos de enfermeras que el centro necesita.

El Sindicato ha venido denunciando que “se vienen produciendo situaciones que alteran el desarrollo normal del trabajo como consecuencia de decisiones arbitrarias que toma la directora del centro”, unos hechos que, a su juicio, son “cuando menos ilícitos o contrarios a la legalidad” y que entrañan riesgos para los residentes y las enfermeras.

Se ordena que las enfermeras “deleguen sus funciones en otros trabajadores no cualificados (curas, medicación…)” y “se intenta arrebatar la autonomía profesional de las enfermeras”.